En los últimos meses, Bolivia está siendo testigo de uno de los casos más graves de corrupción, la institución protagonista es el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades Campesinas (FDPPIOYCC o FONDIOC), que el Estado ha declarado “en liquidación” –e inmediatamente ha abierto un “Nuevo” Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas-, luego de haber promovido la publicación de una lista de proyectos observados en auditoría e incluso declarados como fantasmas, señalando como responsables a varias autoridades originarias, dirigentes indígenas y campesinxs. La opinión pública está haciendo un inescrupuloso escarnio del tema y sus actores, sin detenerse en la especificidad y concepción que revela la conformación de un “fondo indígena” en un estado de plurinacionalidad y ante las manifestaciones de un vigente sistema colonial, donde el poder se traduce en un aparato clientelar y no en ninguna concepción ni propia ni territorial de gobierno indígena.
Nosotrxs, estudiantes, investigadores, profesionales y activistas que en
diferentes momentos hemos acompañado al movimiento indígena y campesino, hoy no
podemos quedarnos en el balcón desde donde se emiten juicios racistas, ni
desentendernos de los verdaderos proyectos políticos que largamente las
autoridades indígenas y originarias han sostenido. Consideramos que existe una
serie de irregularidades a nivel jurídico que omiten a determinados actores y
momentos en su observación supuestamente técnica al proceso de formulación,
seguimiento y evaluación de proyectos, en la que no se está midiendo a todos con
la misma vara, sino de acuerdo a diferentes intereses político-partidarios, los
compromisos de sus cúpulas dirigenciales o su estructura orgánica en
descomposición. Presentamos algunos detalles de un caso dentro de la veintena
de casos judiciales que la liquidación del FONDIOC devela, el del Tata Félix
Becerra, ex autoridad Jillir Apu Mallku del Consejo Nacional de Markas y Ayllus
del Qullasuyu (CONAMAQ), para visibilizar otros aspectos del la burocracia
estatal e instituciones de desarrollo que se esconden bajo el escandalo e
influyen los juicos contra los involucrados tanto en el sistema jurídico como
la opinión publica.
En noviembre de 2015 el Tata Félix fue notificado por la Fiscalía de La
Paz a declarar sobre el incumplimiento
de contrato y enriquecimiento ilícito sobre un proyecto denominado
“Capacitación de Recursos Humanos Técnicos Productivos para el Fortalecimiento
de las Organizaciones Nacionales CSUTCB, CNMCIOB-BS, CONAMAQ, CIDOB” y que fue formulado
en una gestión anterior a la suya. Viajó
desde su comunidad que se encuentra en el municipio de Tapacarí departamento de
Cochabamba a La Paz para presentar su declaración, donde un juez decidió su
aprehensión por peligro de fuga, bajo el argumento de que no cuenta con un
domicilio y trabajo en la ciudad de La Paz. Después de suspender la audiencia en
tres ocasiones (por motivos arbitrarios y burocráticos), se falló que el Tata
Félix no será juzgado en libertad, a pesar de que él mostró una certificación
de su domicilio y trabajo como autoridad originaria y agricultor, firmada y sellada
por las actuales autoridades de su comunidad; y a pesar de que la cuenta de
desembolso de los recursos está a su nombre, se respaldó proporcionando varios
documentos que muestran que otra persona, la que ha diseñado y administrado el
proyecto, recibió los fondos investigados.
Ahora bien, siguiendo el rastro del proyecto, la documentación del
expediente que Félix Becerra expone abiertamente desde su celda indica que en
mayo de 2011, la directiva del FONDIOC habría sostenido reuniones y un convenio
con la embajada de Rusia, logrando convenir 18 becas de estudio para jóvenes de
las organizaciones matrices. El pleno de la directiva, de la que Félix Becerra
no formó parte, aceptó una serie de requisitos para acceder al beneficio, entre
éstos el pasar cursos acelerados del idioma ruso en el Instituto Tecnológico
Mundial en Santa Cruz, para lo cual se financiaría el mencionado proyecto de
fortalecimiento de capacidades en anticipación de un programa de estudios en el
extranjero. Las organizaciones hicieron un sorteo para determinar qué jóvenes
serían los beneficiarios de un curso que se llevó a cabo desde el 20 de agosto
de 2011 hasta marzo de 2012. Sin embargo, según un informe solicitado el 20 de
diciembre de mismo año, los alumnos explican que fueron cursos en los que,
además de invertir recursos propios, nunca hubo regularidad y mucho menos
recibieron el material de escritorio del que se tienen descargos y cuestionan
el accionar del Instituto Tecnológico Mundial, que se adjudicó este proceso de
aprendizaje. Además, como evidencian los informes y descargos del proyecto
referido entregados en septiembre de 2012 al FONDIOC, la persona que autorizó
el desembolso del fondo es la misma persona que realiza el cobro y las
facturaciones desde el mencionado instituto de lenguas, la técnico y contadora
del proyecto en el FONDIOC.
Cabe señalar las relaciones entre las comunidades y sus autoridades así
como entre ellas y instituciones estatales y de organizaciones de desarrollo
que subyacen este y otros casos. Félix Becerra como muchos dirigentes de
comunidades y federaciones campesinas o regionales indígenas, debían validar
las iniciativas que surgían en sus comunidades, pero también, las que se
promovían en las cúpulas dirigenciales. Validar, firmar, sellar documentos resguardando
los “cupos” que logran sus organizaciones y además, como las ONGs e
instituciones del Estado les han enseñado durante décadas, a confiar en los
instructivos de las oficinas técnicas, en este caso del FONDIOC, y se han visto
presionados a abrir cuentas bancarias SIGMA a nombre propio, para agilizar los
desembolsos y ejecuciones. Para una autoridad indígena originaria, asumir este
tipo de responsabilidad no es extraño, pues las comunidades territoriales
siempre han tenido aportes propios y sus autoridades, que invierten toda su
vitalidad social y simbólica en sus cargos, tienen toda la confianza de sus
comunidades para manejar recursos y ejercer el poder político de sus
territorios.
A nivel burocrático, el desembolso de recursos del FONDIOC por
reglamento no permite la transferencia
de fondos sin la participación de 3 de los beneficiarios (representante legal
de la organización, responsable de la comisión de administración y responsable
de la comisión de ejecución). En este caso los fondos no quedan en su cuenta
sino fueron destinados a la administradora encargada de la ejecución del
proyecto. Los responsables fueron Julia Ramos Sánchez de la Confederación de
mujeres Bartolina Sisa, Félix Becerra Villcarana de CONAMAQ y Roberto Coraite
Cruz de la CSUTCB, quienes fueron convocados en su gestión de 2012 a firmar el
convenio de financiamiento para el proyecto “Capacitación de Recursos Humanos
Técnicos Productivos para el Fortalecimiento de las Organizaciones Nacionales” que
fue solicitado y aprobado en 2011, durante la gestión anterior bajo la
supervisión del entonces Director Ejecutivo del Fondo Indígena y la
administradora (que también figura como directora del Instituto Tecnológico
Mundial), que recibió el desembolso de Bs. 56.000 para ejecutar y manejar el
proyecto. Los responsables, actualmente perseguidos por el Estado, solo cuentan
con fotocopias de los respaldos los desembolsos firmados por la administradora
y contadora del proyecto. Según las declaraciones de los responsables, las facturas originales
fueron presentados al FONDIOC en septiembre de 2012 por la administradora.
La falta de documentación en la que se basa la denuncia instaurada por
la Interventora del Fondo Indígena en liquidación muestra la persecución
política de un sistema de justicia que no cuenta con imparcialidad. Además, lo
que llama la atención en este y otro casos del FONDIOC es el enfoque de una
retórica negativa de la prensa hacia autoridades indígena originaria
campesinas, mientras otros técnicos, administradores y ex directores de la
misma institución que actualmente hacen denuncias contra ellas siguen libres.
En este caso, aunque se ha solicitado que se amplíe la investigación contra la
persona que ha administrado el proyecto y a la vez ha recibido el beneficio de
las contrataciones, no ha presentado sus declaraciones ni es perseguida.
El caso de la ex autoridad originaria Félix Becerra expone la lógica del
entrampamiento que el Estado viene reproduciendo en diferentes momentos históricos
y a través de gobiernos que ensalzan su popularidad sobre las masas que les
sirven de justificativo para ejercicios de poder encumbrados en la jerarquía de
clases, pero también en la estructura colonial que determina diferencias
culturales y epistemológicas. Por más que 15 años el Tata Félix ha sido un
líder en los movimientos indígenas de Bolivia, participando de los procesos de
resistencia y protesta de 2003 y de la Asamblea Constituyente, cumpliendo su
cargo como autoridad de su comunidad y de CONAMAQ, impulsando proyectos y
viajando por varios países para promover los derechos de los pueblos indígenas
y exigiendo la aplicación de las normas a su favor, independiente de los
partidos políticos. No es extraño que varios dirigentes campesinos e indígenas,
conocidos por sus comunidades y otras personas que los hemos tratado y sabemos
de sus principios y consecuente ética comunitaria, a favor de la reconstitución
territorial como único proyecto político, se vean ahora señalados por procesos
judiciales que se desentienden de la trama paternalista que ha sembrado un
sistema de intermediación social, donde los maestros rurales, técnicos de
desarrollo, líderes y otros desventurados, ejercen abusos de poder gracias a
sus privilegios epistemológicos en el mundo occidental y la burocracia en la
que cada día comunarias y comunarios son discriminados y extorsionados en
diferentes oficinas estatales.
Por todo esto, queremos convocar a aquellas personas, activistas,
colectivos, organizaciones y grupos rurales y urbanos a estar alertas al
manoseo político, al moralismo de uno y otro lado que se desentiende de la
situación de las mujeres y hombres en el campo, pero arden de placer al acusar
no sólo a personas, con determinadas trayectorias políticas, sino también a estructuras
organizacionales históricas que han apostado sus cuerpos y acciones por
construir sus propias ciudadanías, por interpelar al mundo con sus marchas y
tener la potencia de generar no sólo líderes, sino ideas, visiones y culturas
que al parecer, el Estado Plurinacional todavía no quiere ver, ni comprender,
ni respetar.
Un ejercicio de honestidad no sólo para los observadores, sino para los
propios actores beneficiarios de este fondo, es que la excepcionalidad de un
“fondo indígena” tiene una carga de condescendencia que no debiéramos estar
dispuestos a aguantar. Que mientras el lenguaje sean los “cupos”, los
“favores”, las “pegas”, siempre estaremos ante una institucionalidad colonial y
dominante, que nos quiere sumisos ante determinadas condiciones. No es sorpresa
que cada dirigencia haya respaldado y promovido a determinados técnicos para
conformar la institucionalidad del FONDIOC, sólo debieran los “analistas” remitirse
a la historia del actual instrumento político en gobierno, para comprender la
lógica de juntucha que ha conformado un funcional Pacto de Unidad, para luego
excluir a las organizaciones que se resisten al extractivismo de los recursos
naturales, y permitirse desgastar los recursos del Estado en shows políticos y
mediáticos, en lugar de sostenerse y aprender de la verdadera energía popular e
indígena.
Si vivimos en un permanente clima electoral, no debe extrañarnos el
endurecimiento de los discursos, el problema de corrupción en el FONDIOC no
tiene que ver sólo con el racismo y la descomposición de algunas estructuras
organizacionales, tiene que ver con la potente reestructuración de un Estado
colonial, que permite generar redes criminales para manipular estructuras
organizacionales basadas en el territorio. El caso del tata Félix Becerra da
muchas luces, su anciano padre ha viajado 4 veces desde su comunidad en
Tapacarí hasta la ciudad de La Paz, donde su hijo está preso, él indica que
habla aymara y quechua, pero le cuesta comprender el lenguaje de los abogados y
luego de vender su ganado, no cuenta con más recursos, pues las tres audiencias
suspendidas y ahora, la necesidad de apelación del caso, ha dejado una familia
desmembrada y está sembrando el temor en las comunidades que ven en la ex
autoridad a un hombre honesto. Además, el hecho de que la detención actual del
Tata Félix se base en la supuesta falta de prueba de domicilio y trabajo, a
pesar de la certificación de las otras autoridades de su comunidad sobre su
cargo legítimo, da luz de la existencia de un Estado-nación que todavía no
reconoce ni valora la organización socioeconómica y política de los pueblos
indígena originario campesinos que constituyen la plurinacionalidad y la base
de la sociedad boliviana.
Si al menos este Estado comprendiese su propio carácter plurinacional,
reconocería la enorme distancia que reproducen los proyectos de desarrollo y
permitiría que estos casos sean juzgados no por la justicia ordinaria que se
desentiende de las estructuras organizacionales y comunitarias, y se abriría
paso al ejercicio de la justicia indígena originaria campesina (JIOC) que es el
sistema legítimo para juzgar estos conflictos, para luchar en contra del
dislocamiento que generan las jerarquías epistemológicas entre el mundo
occidental y las naciones originarias, y poder construir los instrumentos
necesarios para que sean ellos los que desde sus principios juzguen y
sentencien sus propios errores, si no es así ¿Cómo ejercer la
autodeterminación? ¿Por qué no apostar por los verdaderos gobiernos indígenas?
Firmamos al pie de este pronunciamiento, de forma independiente y
convocando a la solidaridad y consecuencia con el compromiso con las naciones
indígenas originarias:
Organizaciones
(orden alfabético):
Asociacion Departamental de Antropólogos de La Paz
Colectiva Ch’ixi
Territorios
en Resistencia
Colectivo
feminista "Las Ramonas"
Personas
(orden alfabético)
Almeida, Marina, Asociacion Nuestroamericana
Arnez, Marco; Colectivx Ch’ixi
Baltz, Viviana; Colectivx Ch’ixi
Bautista, Ruth; Colectivx Ch’ixi
Díaz Cuellar, Vladimir; Universidad de Carleton
Derpic, Jorge; Universidad de Texas
Francescone, Kirsten; Universidad de Carleton
Hinojosa, Alfonso; Colectivx Ch’ixi
Kennemore, Amy; Universidad de California
Latino, Eduardo, Revista La Correntada
Machicado Bowies, Fernando
Machicado Bowies, Fernando
Montellano, Violeta; Colectivx Ch’ixi
Morán Paz, Tatiana; Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador
Morán Paz, Tatiana; Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador
Muller, Juliane
Murillo, Mario; Colectivx Ch’ixi
Núñez del Prado, José;
CIDES
Núñez del Prado, Matilde
Pachaguaya, Pedro; Secretario Académico ADA La Paz
Pacheco, Daniel; EVA Yungas e.V.
Pacheco, Daniel; EVA Yungas e.V.
Poma, Mabel; Colectivx Ch’ixi
Quiroga Saavedra, Rosa; Universidad Nacional de Córdoba
Quiroga Saavedra, Rosa; Universidad Nacional de Córdoba
Rivera Cusicanqui, Silvia; Colectivx Ch’ixi
Salazar, Cynthia; Universidad Nacional Autónoma de
México
Tórrez, Ramón; Saberes Bolivianos
Tudela, Malkya; Periodista
Tudela, Malkya; Periodista